La oposición elevó la presión sobre el Gobierno por la actuación del Ministerio de Salud Pública en el caso de la anestesista. El Parlamento también avanza con una interpelación a la ministra Cristina Lustemberg.
El caso de la anestesista Inés Miralles continúa generando fuertes repercusiones políticas y vuelve a colocar bajo cuestionamiento la actuación del Ministerio de Salud Pública.
La bancada de diputados del Partido Nacional cuestionó formalmente la gestión de la ministra Cristina Lustemberg y reclamó al presidente Yamandú Orsi que evalúe su destitución.
Uno de los principales puntos de controversia es la reducción de la sanción administrativa aplicada a Miralles, decisión que la oposición considera especialmente preocupante y que pretende que sea revisada.
Interpelación en el Parlamento
La presión política también llegó al Parlamento, donde fue aprobada una interpelación a la ministra Lustemberg.
Si bien la convocatoria aborda además la actuación y la idoneidad de otras autoridades vinculadas a ASSE, el caso de Miralles se mantiene como uno de los principales focos del debate sobre la gestión del Ministerio de Salud Pública.
Desde la oposición sostienen que deben brindarse explicaciones sobre las decisiones adoptadas y sobre los controles existentes frente a situaciones de este tipo.
La familia recurrió directamente a Orsi
En paralelo, el caso tuvo una derivación a nivel presidencial.
El padrastro de Soledad Barrera mantuvo una reunión con el presidente Yamandú Orsi y le entregó personalmente una carta en la que cuestiona duramente la actuación de la anestesista.
En la misiva calificó lo ocurrido como un “horror” y reclamó que desde el Ministerio de Salud Pública se actúe con firmeza ante situaciones de presunta negligencia.
Antecedentes que vuelven a estar bajo la lupa
Otro de los elementos que tomó relevancia son los antecedentes previos de Miralles.
Según la información que trascendió, meses antes de la intervención quirúrgica realizada en el SMI, la anestesista ya había sido denunciada por el Hospital Italiano debido a “irregularidades en su desempeño”, vinculadas a un probable consumo problemático de fentanilo.
Este antecedente vuelve a generar interrogantes sobre los mecanismos de control, las actuaciones administrativas y las decisiones adoptadas antes y después de la tragedia.
Un caso que escala políticamente
El caso dejó de ser únicamente un asunto sanitario y judicial para convertirse también en un problema político para el Gobierno.
Mientras la familia reclama respuestas y responsabilidades, el Partido Nacional aumenta la presión sobre la ministra Lustemberg y exige explicaciones sobre la actuación de las autoridades sanitarias.
Ahora, la interpelación parlamentaria se presenta como una nueva instancia para determinar qué se sabía, qué medidas se adoptaron y por qué se tomó la decisión de reducir la sanción administrativa.
El caso continúa abierto y promete generar nuevas derivaciones políticas y administrativas en los próximos días.
